En un comienzo, estaba previsto confeccionar una base de datos con todos los llamados a revisión. Este archivo sería creado con la información que los fabricantes le suministran a la Agencia Federal para la Seguridad en el Transporte por Carretera (NHTSA).

Sin embargo, la presión de las empresas, que se apoyó sobre un decreto establecido en el Registro Federal, obligó a que el gobierno declarará confidencial la información sobre los defectos de manufactura que tuviesen sus vehículos.

Las razones brindadas por la Administración Bush y las marcas se basan en una supuesta poca relevancia de esta información para los usuarios. Además, ambas partes aseguraron que la divulgación de estos fallos perjudicaría a determinadas firmas frente a sus competidores.

Por su parte, las principales organizaciones de consumidores de los Estados Unidos manifestaron su descontento con esta norma, acusando de que "tratan a los usuarios como estúpidos y fácilmente engañables"

Incluso, estas entidades dudan de la buena fe de las marcas, debido a que anteriormente, varias compañías intentaron por todos los medios ocultar fallas en sus vehículos para no perder prestigio.